Como en todas partes del mundo, el arrendamiento de bienes inmuebles en España es sujeto a la normatividad del Derecho Fiscal Español que contempla una serie de normas y regulaciones como el impuesto sobre bienes inmuebles, financiación, valoración y catastro entre otros.

Por ejemplo, el impuesto sobre un inmueble se ve reflejado por medio de tributos, que son ingresos públicos aplicables de forma real sobre la propiedad de un terreno o finca. Los tributos gravan dicha propiedad basados en el catastro del inmueble generando un impuesto anual exigido por la administración pública.

Los bienes inmuebles no sufren depreciación en lo que se refiere al valor del suelo, por lo que el incremento del valor de los terrenos aumenta en proporción con el valor del predial y los terrenos urbanos son los que reflejan mayores incrementos en su valor predial a través de los años.

La transmisión de un terreno pone de manifiesto el incremento al valor catastral y generalmente ajusta el valor del impuesto sobre el inmueble. El valor catastral y las prestaciones pecuniarias obligatorias (tributos) varían dependiendo de diversos factores entre los que se encuentran el municipio donde se localiza el inmueble y su ubicación exacta dentro del mismo, amén del tiempo transcurrido entre un cambio y otro de titularidad.